Ecologistas consideran “gravísima” sentencia de TSJC sobre escombrera Sallent

Barcelona, (EFE, y Redacción).-

Ecologistes en Acció, una de las entidades que han hecho campaña por el cierre de la escombrera salina de Sallent, propiedad de Iberpotash, han calificado de “gravísima” la sentencia del TSJC que concede una moratoria a la empresa minera para que pueda hacer uso de la escombrera hasta 2018.

“Nos ha sorprendido mucho la sentencia, no lo esperábamos. Alarga un problema que venimos cargando desde hace muchos años y que supone un gasto público enorme, además de poner en peligro el agua potable de la región”, ha declarado la bióloga y representante de Ecologistes en Acció, Núria Vidal.

La entidad ecologista considera muy grave que el TSJC haya dado más tiempo a Iberpotash, filial de ICL, para verter residuos en la montaña del Cogulló, pues “mientras más crece la escombrera más problemas hay para los acuíferos, que son muy importantes en un país mediterráneo como el nuestro, que tiene muy poca agua potable”.Vidal ha expresado su descontento con la Generalitat de Catalunya, pues considera que “se ha dejado presionar por el sector minero, sin tener en cuenta a los aproximadamente dos millones de ciudadanos que bebemos de las aguas del Llobregat, que tanto cuesta potabilizar por culpa de los residuos que dejan estas empresas mineras”.

Además, Vidal ha asegurado que la fianza fijada por el TSJC, de 3,9 millones de euros, es “ridícula” en comparación con el gasto que implicará la descontaminación del Cogulló y la retirada de las toneladas de residuos salinos que se han acumulado ahí.

“Es un impacto irreversible. No vemos una salida inmediata ni nada positivo a partir de esta sentencia”, ha declarado Vidal.

Ecologistes en Acció ha reconocido que no se quedarán de brazos cruzados y evaluarán distintas vías para conseguir que se retiren los residuos de la escombrera de Sallent, incluso no descartan la posibilidad de recurrir a las autoridades europeas.SentenciaUn juez de Manresa condenó en diciembre del 2014 a tres directivos de las minas de sal de Súria y Sallent de Iberpotash por contaminar las aguas de la cuenca del Llobregat, por la mala gestión de sus residuos y les obligó a sufragar el coste de la recuperación de los daños. En la sentencia, el juzgado de lo penal número 1 de Manresa condenó a los tres directivos, Rafael Eduardo Sánchez, Antonio Luis Sánchez y José Ramón Membrillera, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.La sentencia ordenó a Iberpotash a tomar todas las medidas de restauración “que sean necesarias para preservar y mantener el equilibrio económico perturbado”, así como a asumir el coste económico de la recuperación ecológica que permita el retorno de los valores de salinidad de las aguas a sus valores naturales, antes de ser contaminadas. En la sentencia se condenó a los acusados a indemnizar, con Iberpotash como responsable civil subsidiaria, a cada uno de los propietarios de los pozos y fuentes particulares afectados, entre ellos al Ayuntamiento de Santpedor (Barcelona), titular de la Font Gran, por los perjuicios causados por la pérdida de los respectivos pozos y fuentes.

El juez afeó a los acusados su “deficiente gestión” de los depósitos y residuos, tanto en las minas de Súria como de Sallent, lo que provocó vertidos e inyecciones no autorizados que afectaron “muy negativamente” las aguas superficiales y subterráneas de la zona, “con el correspondiente peligro relevante de carácter medioambiental y contra la salud pública”.

En Sallent

Uno de los focos del problema es la monumental montaña de residuos salinos de Sallent (vertedero de El Cogulló), en donde estos desechos se acumulan al aire libre, de manera que cuando llueve, al no estar el terreno impermeabilizado, se provocan filtraciones subterráneas así como rieras y cursos de agua que, por escorrentía, agravan la salinización del río Llobregat.

El TSJC anuló la autorización que concedió el tripartito porque la actividad no fue sometida a la declaración de impacto ambiental (ley de Intervención Integral de la Administración Ambiental), necesaria para evaluar los posibles efectos sobre los ecosistemas.

Los jueces consideran que la actividad de la minera Iberpotash fue validada con un trámite incorrecto, “una mera evaluación ambiental verificada” (una simple comprobación a posteriori de los posibles efectos), “un trámite dulcificado” que sólo se podría aplicar con una actividad con permisos preexistentes, no lo que no se daba en este caso.

Origen: Ecologistas consideran “gravísima” sentencia de TSJC sobre escombrera Sallent

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