Conclusiones del Tribunal Monsanto – Las multinacionales deben poder ser condenadas por violación de los Derechos Humanos

El “Tribunal Monsanto” es una iniciativa puesta en marcha por varias organizaciones civiles (es decir, no es un tribunal estatal que juzgue o condene a nadie) para visibilizar cómo las acciones de las grandes empresas – en concreto, en este caso, de Monsanto – afectan en todo el mundo a los Derechos Humanos y al medio ambiente.

Existen precedentes de tribunales consultivos de este tipo que han terminado afectando a la legislación internacional, como fue el caso del Tribunal Russell (Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra) de 1966. Qué mejor para entender qué es el Tribunal Monsanto y lo que pretende que leer esta entrevista a su presidenta Françoise Tulkens, que fue jueza del Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos durante catorce años. Cuando publicamos esta entrevista, en noviembre de 2016, el Tribunal estaba escuchando los testimonios de las personas implicadas. Ayer, 18 de abril, publicaron sus conclusiones.

En el caso de Monsanto, las conductas consideradas no sólo guardan relación con sus productos más recientes (semillas transgénicas y sus pesticidas asociados) sino a otros productos comercializados en el pasado y sobre los que ya existen más datos: un ejemplo sería el de los PCBs, productos químicos de uso industrial que la empresa comercializó durante años aún después de conocer sus efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

El resumen de las conclusiones puede leerse aquí, y el informe completo del tribunal puede leerse aquí. Ambos documentos están disponibles por el momento únicamente en inglés.

A continuación reproducimos una traducción del artículo que la web Sustainable Pulse publicaba a raíz de estas conclusiones, dado que nos parece un buen resumen de sus implicaciones más importantes.


Título: Los jueces del tribunal Monsanto acusan a la empresa de violar los Derechos Humanos

Los cinco jueces internacionales del Tribunal Monsanto han presentado hoy su opinión legal, que incluye conclusiones clave en relación tanto a las acciones de Monsanto como a la necesidad de realizar importantes cambios en la legislación internacional que gobierna a las grandes multinacionales.

Los jueces concluyen que Monsanto ha participado en actividades que afectan al derecho humano básico a un medio ambiente saludable, al derecho a la alimentación y al derecho a la salud. Las acciones de Monsanto han tenido además un impacto negativo sobre el derecho de los científicos a llevar a cabo libremente labores indispensables de investigación.

Los jueces concluyen también que a pesar de la legislación ambiental existente sigue habiendo grandes diferencias entre los compromisos acordados y la realidad de la protección del medio. La legislación internacional debería en estos momentos hacer valer de forma precisa y clara la protección del medio ambiente, y establecer el crimen de ecocidio. El Tribunal concluye que si se reconociese formalmente el ecocidio como crimen en la legislación criminal internacional sería posible que las actividades de Monsanto pudieran constituirse como tal.

En la tercera parte de su opinión consultiva el Tribunal se centra en la diferencia cada vez mayor entre la legislación internacional en materia de Derechos Humanos y la responsabilidad exigida a las grandes empresas. Hace un llamamiento a la necesidad de hacer prevalecer la legislación internacional sobre derechos humanos y ambientales. Existe una serie de reglas destinadas a proteger los derechos de los inversores en el marco de la Organización Mundial del Comercio, así como en relación con los tratados de inversión y otras cláusulas de acuerdos de libre comercio, y estas reglas tienden a perjudicar la capacidad de las naciones para implementar políticas, leyes y prácticas que protejan los derechos humanos y ambientales. Los organismos de las Naciones Unidas deben tomar parte urgentemente; si no, cuestiones fundamentales en relación a los derechos humanos y ambientales terminarán resolviéndose en tribunales privados que operan de forma totalmente externa al marco de las Naciones Unidas.

El Tribunal insta también a que los actores no estatales puedan ser considerados responsables en la legislación internacional sobre derechos humanos. El Tribunal reitera que las empresas multinacionales deberían ser reconocidas como actores responsables, y sujetas a la jurisdicción del Tribunal Criminal Internacional en caso de infringir los derechos fundamentales. El Tribunal identifica claramente y denuncia las graves diferencias entre los derechos de las grandes multinacionales y sus obligaciones. Por tanto, la opinión consultiva invita a las autoridades a proteger la efectividad de la legislación internacional sobre derechos humanos y ambientales frente a las acciones de las empresas multinacionales.

Estas conclusiones, muy claras, pueden interesar tanto a los críticos de Monsanto y del modelo agroindustrial como a los accionistas de las empresas químicas, especialmente Bayer. La reputación de Monsanto – y de Bayer en caso de fusión – no va a mejorar precisamente a raíz de las conclusiones de los jueces del Tribunal. Esta opinión consultiva supone un fuerte aviso en el ámbito de la legislación internacional, pero también para las víctimas de las sustancias tóxicas. El Tribunal ha creado vínculos y transmitido información importante entre abogados y organizaciones que representan a las víctimas. Por tanto es probable que las conclusiones supongan más demandas colectivas contra Monsanto y otras empresas similares. Esto podrá arrojar cierta luz sobre el coste verdadero de la producción y afectará a largo plazo al valor como empresa de Monsanto (Bayer). Las empresas que provocan daños a la salud, la alimentación y al medio ambiente deberían ser y serán consideradas responsables de sus acciones.

Entre las organizaciones tras el Tribunal Monsanto están la Organic Consumers Association, Navdanya, IFOAM Organics Internacional, the Biovision Foundation y Regeneration International.

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