Brasil: Democracia ya cuenta con cerca de 2 mil asesinatos políticos en el campo

Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, CPT, señalan que desde 1985, 1.833 campesinos y líderes de la lucha por la reforma agraria fueron asesinados en conflictos; el latifundio creció en un 375%.

(28 de Marzo de 2017) En el año 2016 dejó una marca de retrocesos por todo el país. En el campo, la situación no fue distinta: el número de asesinatos causados en los conflictos por la tierra retrocedió 13 años. Con 60 muertes (un 20% más que el año anterior), 2016 se convirtió en el año más violento en el campo desde 2003, cuando 71 personas fueron asesinadas por luchar por la reforma agraria y por sus territorios tradicionales, según el informe Conflictos en el Campo de Brasil en 2016, realizado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

Como en los años anteriores, la violencia se concentró en los alrededores de la Amazonía. De los 60 asesinatos, 49 ocurrieron en esta región. Rondônia fue la provincia más violenta, con 21 muertes. Maranhão se quedó en segundo lugar, con 13 asesinatos. La provincia de Pará, antigua líder del ranking, figuró en el tercero con 6 muertes. Tocantins sumó 3 asesinatos y Amazonas, Alagoas y Mato Grosso tuvieron 2 muertes. En la secuencia de regiones con más conflictos agrarios aparecen el Nordeste; Centro-Oeste; Sudeste y, para finalizar, la región Sur.

Según el informe, las disputas por la tierra y por los recursos hídricos son las principales causas de la violencia en el campo. La intensificación de los conflictos está situada donde hay expansión del agronegocio, de las minerías y de grandes obras de infraestructura.

Entre las victimas están indígenas, líderes quilombolas[1], campesinos y sindicalistas. El estudio de la CPT destaca tres casos emblemáticos: los asesinatos de la activista Nilce de Souza Magalhães en Porto Velho (RO); del campesino Ivanildo Francisco da Silva en Mogeiro (PB) y del indígena Clodiode Aquileu de Souza en Caarapó (MS).

(Nilce, compañera que denunciaba las violaciones relacionadas con la construcción de la usina de Jirau en Porto Velho, fue asesinada en enero del año pasado).

El asesinato de Nilce, integrante del Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB), fue el caso más impactante. Nilce, que era conocida por su liderazgo en la militancia contra las violaciones atribuidas a la construcción de la usina hidroeléctrica de Jirau, desapareció el 7 de enero de 2016. Cinco meses más tarde (a mediados de junio) su cuerpo fue encontrado con las manos y los pies atados a piedras en el fondo del lago de la represa controlada por la usina, a sólo 400 metros de distancia del campamento de pescadores donde vivía en Mutum. Las dos hijas de Nilce reconocieron el reloj y las ropas de su madre.

“Es fácil de entender si miramos el mapa del deforestación de la Amazonia Legal: Rondônia está en áreas de expansión, que velozmente avanzan para adentrar otros espacios.”

Otro asesinato impiedoso y que tuvo bastante repercusión nacional ocurrió en el campo de la provincia de Paraíba, región de importancia histórica para las luchas campesinas en Brasil. Ivanildo Francisco da Silva, de 46 años y del asentamiento Padre João Maria, fue asesinado el 7 de abril con un tiro de espingarda calibre 12 en la cabeza, en su casa de la zona rural del municipio de Mogeiro. Estaba junto a su hija de 1 año. El cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por su mujer. La criatura estaba al lado del cadáver, llorando y manchada de sangre. En 2015 Ivanildo y otros asentados ya habían sido víctimas del conflicto armado financiado por los propietarios de las tierras de la región. En aquella época, siete pistoleros fueron apresados, pero liberados después de pagar la fianza.

En junio, el asesinato del joven Guarani Kaiowá Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, cerca del municipio de Caarapó, en el interior de Mato Grosso do Sul, agudizó la disputa entre indígenas y los grandes terratenientes de la región. Los Kaiowá ocuparon la reserva Tey’ikue, donde está la finca “Yvu”, para revindicar sus tierras ancestrales (identificadas y delimitadas por el estudio publicado por la Fundación Nacional del Indio – Funai), cuando fueron rodeados por 70 terratenientes armados y encapuchados que dispararon con munición letal, según el hospital y testigos oculares. El joven agente de salud murió y otros cinco indígenas, entre ellos un niño, resultaron heridos.

Los métodos de los grandes terratenientes para intimidar a las comunidades indígenas en la región no se limitan al conflicto armado. En julio el Primer Tribunal Federal de Dourados concedió una medida cautelar en favor de la comunidad indígena local, prohibiendo a las haciendas del entorno de pulverizar agrotóxicos –con aviones u otros medios- a menos de 50 metros de las reservas. El caso se arrastraba desde 2008, cuando los indígenas ganaron ante la Justicia el derecho de ocupar el área de la reserva legal de dos inmuebles rurales y vieron a los terratenientes sustituir los tractores por los aviones, para pulverizar sus plantaciones de soja y arroz.

LOS PRINCIPALES FACTORES DE LA VIOLENCIA EN EL CAMPO

Entre 1964 y 2016 el número total de asesinatos en el campo fue de 2.507 hombres y mujeres en las regiones de Brasil, según los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, que recoge sistemáticamente los datos desde 1984, y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que reunió los datos anteriores a 1986. Al largo de este periodo, uno de los momentos más violentos fue la década de 1980, cuando el país se reencontró con la democracia. La década está marcada por la fundación del MST y por el aumento de las movilizaciones sociales y las luchas por democratizar la tierra.

Después de la restauración del poder civil, entre 1985 y 2016, la CPT registró 1.833 asesinatos en el campo. En otras palabras, hubo tres veces más registros de muertes derivados de conflictos en el campo al largo del periodo democrático que en los años anteriores a la redemocratización. Eso no significa que ocurrieron más muertes en el periodo democrático, si no que antes los registros eran más precarios, solo evidencia la relevancia de los conflictos desde 1985.

Indígena enseña los cartuchos recogidos después del ataque de los terratenientes. Foto Ruy, divulgación.

En los años 1990 el número de muertes disminuyó. En 2000 fueron registrados 21 asesinatos. ¿Cómo explicar entonces que los asesinatos se hayan duplicado en 2015 (50 muertes) y triplicado en 2016?

Para Thiago Valentim, de la coordinación nacional de la CPT, hay tres factores principales para el aumento de los conflictos. Primero: la impunidad, pero aquella “relativa a los conflictos en el campo, ya que nuestro sistema penitenciario es uno de los que más encarcelan”, enfatiza. Segundo: el desmantelamiento de los órganos públicos y la ausencia de una política de Estado dirigida a la democratización de la tierra. Valentim recuerda que en los últimos años hubo poca inversión en la reforma agraria, “llegando al punto de que hubo años en los que el gobierno no expropió ninguna tierra”.

Es por eso por lo que los conflictos aumentan, concluye el coordinador. Porque existen comunidades en lucha y cuando los gobiernos no actúan, “los movimientos son los que conflictúan directamente con el latifundio”. El tercer factor identificado por Valentim es la expansión del agronegocio, “el avance de grandes corporaciones económicas en el campo y de grandes obras de infraestructura”, que desean el territorio de las comunidades tradicionales por la riqueza que contiene.

“En la región mataron a cuatro trabajadores y hasta ahora ninguna investigación se ha concluido. Los autores de los homicidios son policías civiles y militares que actúan en la región”.

El secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionario (Cimi), Cleber César Buzatto, entiende que la principal causa de la violencia contra los indígenas es la lentitud y la paralización de los procedimientos administrativos de demarcación de las tierras: “Este factor contribuye en mucho el aumento de la tensión y de los conflictos entre los pueblos. Otro aspecto es una mayor organización y una actuación más articulada, sistemática y violenta por parte del agronegocio, en el ataque a los derechos de los pueblos. La actuación de la bancada ruralista en los últimos años ha sido intensa, utilizando instrumentos legislativos contra los derechos indígenas, como la PEC 215 (proyecto de autoría del diputado Almir Moraes de Sá, del PR, de Roraima, que trasfiere del Ejecutivo para el Legislativo la palabra final sobre la demarcación de tierras indígenas). Muchos diputados están haciendo discursos de odio y de incitación a la violencia contra comunidades tradicionales y organizaciones de apoyo, y eso hace que crezca la acción armada contra liderazgos indígenas y sus aliados”, resalta Buzatto.

Según las cuentas del secretario ejecutivo del Cimi, entre 2015 y 2016 hubo más de 30 ataques armados por parte de paramilitares y mandatarios, comandados por los grandes terratenientes.

Según João Peres, autor del libro “Corumbiara: caso enterrado” (editora Elefante) sobre la masacre de campesinos en la hacienda Santa Elina en 1995, no es de hoy que Rondônia figure entre las provincias más violentas. “Las muertes tienen dos causas: acción y omisión del Estado. En la acción, se destaca la creación de las dos hidroeléctricas-hermanas (Jirau y Santo Antônio), que incentivó la deforestación, abriendo así espacio para la formación de condominios de despojo forestal en los cuales el Estado tiene dificultad y hasta teme adentrarse”, considera. “También es posible destacar la especulación de tierras estimulada por la posibilidad de asfaltar la carretera BR 319, exactamente donde algunos liderazgos emblemáticos fueron asesinados”.

Peres destaca que los asesinatos ocurrieron específicamente donde hay intensa explotación de madera y poca fiscalización: “Es fácil de entender si miramos el mapa de deforestación de la Amazonia Legal: Rondônia está en áreas de expansión, que velozmente avanzan para adentrarse en otros espacios. Por eso asesinaron a personas en el Vale do Jamari, que parece haber sustituido en este siglo al Cono Sur de Rondônia, como la área más peligrosa de la provincia. La investigación insatisfactoria alimenta la violencia contra los movimientos.  Como son los dueños de las tierras quienes comandan a las estructuras institucionales, es evidente que el Estado no actuará en favor de la resolución de los casos, al revés, trabajará para que estén impunes”.

El autor recuerda que durante la dictadura, Rondônia atrajo latifundistas y sin-tierras y esa mezcla “sigue siendo explosiva”, incluso después de cinco décadas del “boom” migratorio.

PRISIONES Y PERSECUCIONES

La violencia en el campo registrada en 2016 no empezó ni terminó en este año. Persecuciones políticas y prisiones arbitrarias recuerdan a la dictadura de 1964, que vuelve a ser evocada en el presente. En noviembre de 2016, en una acción de la Policía Civil de Paraná bautizada de “Operación Castra”, ocho integrantes del MST fueron presos en la región de Quedas do Iguaçu. Acusados de pertenecer a una organización criminal y de “extorsionar asentados”, los campesinos fueron detenidos y siguen encarcelados.

Según Geani Paula, coordinadora del Movimiento en Paraná, las razones presentes en el decreto de prisión “son acusaciones sin vinculación con la realidad”. La región está marcada por conflictos desde 2014, cuando aproximadamente 3 mil familias ocuparon las tierras pertenecientes a la empresa Araupel. Las áreas fueron caracterizadas como “griladas”[2] y declaradas por la Justicia Federal como tierras públicas, pertenecientes a la Unión  y que, por lo tanto, deberían ser destinadas a la reforma agraria.

“En la región ya mataron cuatro trabajadores y hasta ahora ninguna investigación fue concluida. Los autores de los homicidios son policiales civiles y militares que actúan en la región”, lamentó Paula.

CONCENTRACIÓN Y FALTA DE DEMOCRATIZACIÓN DE LAS TIERRAS

La democratización de las urnas no llegó con la misma velocidad en el campo. Según el informe “Terrenos de la Desigualdad – Tierra, agricultura y las desigualdades en el Brasil rural”, elaborado por Oxfam Brasil (organización vinculada a la Universidad de Oxford y presente en 94 países), la concentración de tierras es el principal motivo de la violencia en el campo. Actualmente menos de 1% de los grandes propietarios concentran un 45% de toda la área rural, mientras los pequeños propietarios (con menos de 10 hectáreas) ocupan menos de 2,3% de la área rural.

El informe, publicado en enero de este año por el Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (Nera), vinculado a la Universidad Estadual Paulista (Unesp), refuerza el problema de aumento de la concentración de tierras en Brasil. Según el estudio, las áreas ocupadas por latifundios crecieron un 375% en los últimos 30 años. La investigación calcula el crecimiento de propiedades con más de 100 mil hectáreas desde 1985.

Para los investigadores la reforma agraria sigue un ritmo más lento que la expansión del agronegocio, que viene ampliando su territorio a través de la “grilagem” y de la extranjerización de tierras. La investigación indica por lo menos 23 países dueños de tierras en territorio nacional, destacándose los Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia y Argentina. “Las principales inversiones son en commodities: soja, maíz, canola, colza, sorgo, caña de azúcar y el monocultivo de árboles, además de la producción de semillas transgénicas”, detalla el informe.

NUEVAS FRONTERAS AGRÍCOLAS, NUEVOS CONFLICTOS

Según Thiago Valentim de la CPT, los conflictos se agudizan con más fuerza en la región Norte porque “el avance del capital allí es mayor y por ser una área muy rica, donde las empresas compran grandes parcelas de tierra”. Él también alerta de otra área muy deseada y que explica el aumento de los conflictos en Nordeste: el Plan de Desarrollo Agropecuario de Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahia).

Valentim considera la región un ejemplo nítido del ataque contra las comunidades tradicionales, que antes avanzaba en el Norte y ahora también se expande de manera más articulada a otras regiones del país. El informe de la CPT registró decenas de casos de violencia en Matopiba, como el conflicto armado, la destrucción de las casas y plantíos, expulsiones, amenazas de desalojo y obstrucción del acceso al agua.

TIERRA MANCHADA DE SANGRE

Más de 2,5 mil hombres y mujeres fueron asesinados entre 1964 y 2016 en todas las regiones de Brasil, según las investigaciones de la Comisión Pastoral de la Tierra y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). La década de 1980, periodo de redemocratización del país, coincide con el empeoramiento de la violencia en el campo, con asesinatos de liderazgos bajo el orden de los terratenientes, minerías y grandes corporaciones. A pesar de eventuales acusaciones de los pistoleros, los mandantes pocas veces fueron aprehendidos por la Justicia.

En 17 de abril de 1996, 19 trabajadores rurales sin-tierra fueron asesinados por la Policía Militar en un episodio que se quedó mundialmente conocido como Masacre del Eldorado de Carajás, ocurrido en el sudeste de Pará. Los trabajadores del MST hacían una caminata hasta la ciudad de Belém cuando la policía les impidió continuar. Más de 150 policías (armados con fusiles, municiones reales y sin identificación en sus trajes oficiales) fueron convocados para interrumpir la caminata, lo que conllevó en una acción represiva extremadamente violenta. Dos décadas después, dos comandantes de esta operación han sido condenados: el coronel Mario Colares Pantoja, condenado a 258 años, y el mayor José Maria Pereira de Oliveira, condenado a 158 años. Ambos están presos desde 2012. Las evidencias de participación de la Vale do Rio Doce (que en aquél entonces todavía era una empresa estatal) en el transporte de las tropas desde Paraupebas y Marabá, por medio del autobús de la empresa Transbrasiliana, nunca fue investigada.

El administrador de Transbrasiliana -que recibió el orden y el dinero- se llama Gumercindo de Castro. El funcionario de la Vale que contrató los servicios se llama James. “¿Cómo explicar que una empresa estatal contrate a una empresa particular para transportar tropas de la Policía Militar convocadas para deshacer una manifestación pública?”, cuestiona Eric Nepomuceno, autor del libro: “O Massacre: Eldorado dos Carajás: Uma história de impunidade” (Ed. Planeta).

Memorial Chico Mendes/Divulgación

Francisco Alves Mendes Filho (Chico Mendes), líder del movimiento cauchero y presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Acre, fue asesinado a los 44 años el día 22 de diciembre de 1988 en Xapuri, con tiros de escopeta por Darci Alves, bajo el orden del terrateniente Darli Alves. En 1990 ambos fueron condenados a 19 años de prisión, pero huyeron de la prisión en 1993, fueron recapturados tres años después. Se beneficiaron de progresiones para regímenes penitenciarios domiciliar y semiabierto.

CPT/Divulgación

La misionaria norteamericana Dorothy Mae Stang, activista de los derechos socioambientales y defensora de un proyecto de sostenibilidad para la Amazonía, fue asesinada a los 73 años, el 12 de febrero de 2005 en el interior de Anapu, en los márgenes de la Transamazónica en Pará. La religiosa naturalizada brasileña vivía en la región desde la década de 1970 y luchó por la creación de la reserva Esperanza, un proyecto del Incra[3], donde fue capturada por pistoleros. Dos de los mandantes del crimen, Vitalmiro Bastos de Moura y Regivaldo Pereira Galvão, están en libertad. Clodoaldo Batista y Rayfran das Neves Sales, quienes ejecutaron el crimen, fueron condenados a 18 y 27 años de prisión respectivamente.

Greenpeace/Felipe Milanez

La pareja de agricultores José Claudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo da Silva, fue asesinada en la mañana del 24 de mayo de 2011, en Nova Ipixuna, sudeste de Pará. El día 6 de diciembre de 2016, el Tribunal de Belém condenó a 60 años al terrateniente José Rodrigues Moreira, quien ordenó los asesinatos. Zé Claudio y Maria eran ambientalistas y extractivistas y denunciaban la apropiación ilegal de las tierras y la deforestación ilícita en el interior del asentamiento agroextractivista de la localidad.

Escrito por: Cauê Seigner Ameni (De Olho nos Ruralistas)

Traducido por: Amanda Verrone


NOTAS DE LA TRADUCTORA

[1] Identidad referente al “quilombo”, término derivado del kimbundu, lengua africana perteneciente a la familia lingüística Bantu, comprendida en la actual región de Angola. En Brasil la palabra fue re-semantizada, a través de los aparatos represivos destinados a capturar personas o grupos que huían de la esclavitud. En la legislación colonial brasileña se llamaba “quilombo” a cualquier grupo con más de cinco personas negras que fuesen encontradas juntas. “Quilombolas”, por lo tanto, son las personas que históricamente expresan la resistencia negra desde el Brasil esclavista.

[2]Apropiación ilegal de tierras. “Grilagem” constituye una antigua práctica de envejecimiento de documentos de certificación de propiedad falsificados, con el objetivo de obtener la posesión de parcelas de tierra. El término tiene origen en la práctica de colocar los documentos falsificados en una caja con grillos. Con el tiempo, la acción de los insectos les daba a los documentos un aspecto envejecido, configurando antigüedad y, por lo tanto, aparente autenticidad.

[3]Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria

Fuente: mst.org.br

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