ECHA, Greenpeace, glifosato y puertas giratorias | Observatorio OGM

La semana pasada recibíamos la mala noticia de que la ECHA había decidido no clasificar el glifosato como carcinogénico, una opinión contraria a la emitida por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS hace ahora dos años.

En el artículo que reproducimos a continuación se comenta esta decisión, y las acusaciones que el comité de evaluación de la ECHA ha recibido de no cumplir con sus propias políticas en cuanto a conflictos de intereses.


Título: El glifosato vuelve a salir en las noticias – Legislación, puertas giratorias, pesticidas y política
Origen: ARC2020
Autor/a: Oliver Moore

Tal y como se esperaba, el comité de evaluación de la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) ha rechazado clasificar el glifosato como sustancia carcinogénica. La ECHA mantenía que el glifosato “es una sustancia que provoca graves daños oculares y resulta tóxica para la vida acuática, con efectos prolongados” en la opinión publicada la pasada semana. Sin embargo, el comité de evaluación concluía “que las evidencias científicas disponibles no cumplían los criterios para clasificar el glifosato como carcinogénico, mutagénico o tóxico para la reproducción.”

El siguiente paso en el proceso es que la denominada “opinión adoptada” sea revisada editorialmente y enviada a la Comisión Europea, para después entrar en el proceso por el cual la Comisión y los Estados miembros renovarán la aprobación del glifosato, a lo largo de 2017.

La organización Pesticide Action Network ha expresado su consternación ante la opinión de la ECHA. “La opinión emitida hoy por la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) afirmando que el glifosato no plantea un riesgo inaceptable para la salud humana no sólo supone una gran decepción, sino también un abandono completo del principio de precaución. Supone poner en riesgo la salud y el bienestar de millones de ciudadanos europeos.”

Mientras se redactaba esta opinión, en el mes de marzo, la presión en torno al tema de los pesticidas ha ido en aumento. Monsanto ha sido acusado de emplear “autores fantasma” para escribir los estudios sobre la carcinogenicidad del Roundup (Yahoo Finance, 14 de marzo de 2017) mientras que la Relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación sugería que los agroquímicos no garantizan la seguridad alimentaria y son tóxicos para la salud y el medio ambiente (Pesticide Action Network, 8 de marzo de 2017).

El 7 de marzo Greenpeace exponía lo que consideraba “posibles conflictos de interés y falta de transparencia” en la ECHA.

“El director del comité de la ECHA, Tim Bowmer, trabajó para dos consultoras del sector químico durante 20 años, entre otras cosas como asesor empresarial y gerente de cuentas sénior. Su contrato con estas organizaciones terminó el día anterior a comenzar a trabajar como director del Comité de Evaluación de Riesgos de la ECHA.” señaló la organización.

La carta firmada por 20 organizaciones sanitarias y ambientales afirmaba también que

“Nos preocupa que varios miembros del Comité de Evaluación, incluido su presidente, parezcan tener conflictos de interés según los propios criterios de la ECHA. ECHA afirma que se produce un conflicto de interés “cuando la imparcialidad y objetividad de una decisión, opinión o recomendación de la agencia, incluyendo sus organismos, esté o pueda estar comprometida a ojos de la percepción pública por un interés relacionado con un individuo que trabaje para la Agencia”.1 Entre los intereses que podrían interferir con el trabajo de la ECHA está el empleo por un “negocio, consultora, instituto de investigación u otra empresa cuya financiación se derive significativamente de fuentes comerciales”. La evaluación de los conflictos de interés de la ECHA considera explícitamente los intereses actuales, así como “los que hayan existido durante los 5 años previos a la evaluación”

Por su parte, la ECHA respondió con su propia carta, en la que refutaba estas alegaciones:

“Respecto a sus preocupaciones sobre el que la ECHA contrate personal procedente de la industria, por principio no excluimos a posibles candidatos con experiencia en el sector o cualquier otra organización relacionada. Creemos que la experiencia práctica de todos los aspectos de nuestro trabajo contribuye a nuestra comprensión, eficacia y eficiencia. Pero claramente, cualquier potencial conflicto de interés debe ser abordado y es por esto que hemos implementado una política de conflictos de interés que asegura que se identifican y tratan los posibles conflictos de forma apropiada… el ámbito de estas declaraciones es muy amplio y cubre todos los intereses privados en juego, incluidos los de familiares cercanos

En la misma carta la ECHA refutaba también que su director y dos miembros del comité mantuvieran un conflicto de interés. En la fuente original pueden verse los intercambios vía Twitter entre las dos organizaciones a este respecto.

Como ya hemos analizado en detalle en este otro artículo el proceso de aprobación se ha convertido en un larguísimo debacle, con lo que se suponía iba a ser una autorización de 15 años reducida a una recomendación de siete y a continuación sólo 18 meses, hasta la opinión de la ECHA de este mes.

En lo referente a pesticidas y organizaciones europeas la ECHA no es la única amenazada por la controversia en torno a los conflictos de interés. La relación entre los fabricantes de pesticidas y varios reguladores europeos en Bruselas, incluidos los casos de puertas giratorias, hace tiempo que es objeto de polémica, como llevan recogiendo desde hace tiempo Corporate Europe Observatory (CEO) y otras organizaciones.

De hecho, tanto la Defensora del Pueblo como el Parlamento Europeo han expresado en los últimos años su preocupación a este respecto. En 2012 la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recibía una reprimenda por parte del Parlamento de la UE debido a su relación con la industria; la preocupación continuó a pesar de los cambios realizados. Como describía CEO en 2014:

El Parlamento ha pospuesto la adjudicación presupuestaria de la agencia en 2012 debido a los escándalos derivados de sus conflictos de interés, y ha pedido a la agencia que realice reformas. Sin embargo, el informe de Corporate Europe Observatory (CEO) Unhappy Meal, publicado en octubre de 2013, revelaba que el 59% de los miembros de los comités científicos de la EFSA seguían teniendo relación directa o indirecta con actividades controladas por este organismo. En otras palabras, el informe muestra que casi dos tercios de los científicos de los comités de la EFSA siguen teniendo conflictos de interés, y que no puede considerárselos independientes del sector que regulan.

En 2016 la Defensora del Pueblo expresaba su preocupación con los propios procesos de la Comisión: “la práctica de la Comisión (conocida como el procedimiento de confirmación de datos) para aprobar el uso seguro de una sustancia activa antes de obtener todos los datos necesarios para respaldar esa posición parece constituir una mala administración” afirmaba la Defensora del Pueblo Emily O Reilly.

Conviene señalar que la carta de la ECHA a Greenpeace del 8 de marzo afirma lo siguiente: “El Tribunal Europeo de Auditores ha auditado las políticas y procedimientos de la ECHA en 2015, y ha concluido que habíamos implementado todas las recomendaciones de su informe especial de 2012 sobre conflictos de interés.”

Así que aunque los sistemas para evitar la aparición de puertas giratorias entre la industria y las autoridades se fortalecen de forma rutinaria, parece que la Defensora del Pueblo y los europarlamentarios siguen preocupados por cómo de estrecha parece la relación entre la industria y las autoridades.

El glifosato ha resultado especialmente controvertido después de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud lo clasificar en marzo de 2015 como probablemente carcinogénico para los seres humanos.

Una preocupación importante – que diferencia a la IARC de muchos otros reguladores – es el tipo de información experta que se tiene en cuenta. La IARC sólo acepta publicaciones revisadas por pares para elaborar sus conclusiones, mientras que otros – como la EFSA o la ECHA – también tienen en cuenta artículos no publicados y elaborados por la industria. Como puede verse en los intercambios de Twitter referidos anteriormente, o en otros lugares como este vídeo explicativo de la ECHA o en este documento de la IARC todas las organizaciones respaldan su elección. Los distintos enfoques influyen inevitablemente en el resultado obtenido.

Ni la EFSA ni la ECHA afirman que el glifosato provoque cáncer.

Sin entrar en sus distintos enfoques o méritos relativos, lo que es ciertamente preocupante es la presión a la que han sido sometidos los científicos de la IARC. Desde marzo de 2015, la IARC se ha visto, de forma inesperada y bastante incómoda expuesta al escrutinio público – y corporativo.

“Algunos científicos que participaron al Grupo de Trabajo del Volumen Monográfico 112 han informado a la IARC de que han sido contactado por actores interesados (incluidos abogados en representación de Monsanto) que les han solicitado la publicación de emails privados así como borradores de documentos científicos relacionados con su trabajo en los Monográficos. En vista de lo que está en juego, incluidos los litigios sin resolver contra Monsanto en EEUU, los científicos no se sentían cómodos compartiendo estos materiales, y algunos sentían que se les estaba intimidando.

La saga del glifosato continuará durante un tiempo. Mientras tanto, debemos seguir formulándonos la pregunta – ¿cómo de libremente va a funcionar la puerta giratoria entre la industria y las autoridades? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la confianza de la ciudadanía en las instituciones europeas?

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