¿En qué medida cumple el CETA los diez principios progresistas del S&D sobre acuerdos comerciales?

greenpeaceCuando el Parlamento Europeo se prepara para votar el crucial acuerdo sobre comercio e inversión (CETA) entre la Unión Europea y Canadá , el grupo de los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo (S&D) ha publicado un listado con los diez principios progresistas para una nueva era de acuerdos comerciales. Estos principios propugnan un sistema de comercio internacional más justo cuyos acuerdos prioricen la protección pública y la transparencia por encima del poder corporativo. A continuación se analiza en qué medida cumple el CETA con estos diez principios.

  1. Beneficios para muchos y no solo para unos pocos

El primer objetivo de los acuerdos comerciales debe ser beneficiar al espectro más amplio posible de ciudadanos. Los acuerdos comerciales deben contribuir al crecimiento económico sostenible y al empleo en la Unión Europea y en los países socios.

Según la Comisión Europea, el CETA supondrá para la UE un crecimiento del PIB a largo plazo de entre 0,02% y 0,03%. Esto ha hecho que surjan dudas sobre si el CETA conllevará algún beneficio y mucho menos si conllevará beneficios para muchos. Según un estudio independiente es probable que el CETA incremente la desigualdad y suponga la pérdida de 200.000 empleos en toda la UE, todo ello sin que se hayan implementado políticas de reciclaje para los trabajadores o se haya preparado a las economías para este cambio. En lugar de crear empleo y un crecimiento económico sostenible, es probable que el CETA aumente la precaria situación en la que ya se encuentran muchas personas.

Es más, los arbitrajes de aplicación en materia de inversión del CETA, el Sistema Judicial de Inversiones (ICS), permite que las empresas multinacionales cuestionen y posiblemente obstaculicen a aquellos estados cuya legislación protege tanto el medio ambiente como los estándares sanitarios y laborales. Además, la ciudadanía no podrá formar parte del jurado de arbitraje.

  1. Una política que se base en valores

Además de bienes y servicios, la Unión Europea debe exportar sus valores, en particular, en términos de estándares laborales, sociales y medioambientales. Debe incluirse un capítulo de comercio y desarrollo sostenible, incluyendo los derechos laborales centrales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y las disposiciones sobre responsabilidad social corporativa, en todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Los eurodiputados y las eurodiputadas seguirán presionando para que se apliquen estas disposiciones.

Los capítulos del CETA sobre desarrollo y empleo sostenible son idealistas, inejecutables y no incluyen compromisos concretos, todo ello hace que sea imposible exigir responsabilidad a las multinacionales o a los Gobiernos. De hecho, es probable que debido al marco del CETA sobre cooperación en materia legislativa entre Canadá y la UE disminuyan los estándares medioambientales ya que se centra en la liberación del mercado para fomentar su acceso en vez de respetar y defender la protección medioambiental.

Es más, a pesar de que las autoridades canadienses han prometido ratificar los principales convenios laborales de la OIT, el CETA en sí no proporciona ningún mecanismo adicional para la protección de los derechos laborales. Si alguna de las partes incumple los derechos laborales, a lo único que pueden aspirar aquellas personas que se vean afectadas es a recomendaciones no vinculantes. Además, si los estados mejoran los estándares laborales se les puede demandar en un tribunal de arbitraje en materia de inversión. (Ver también principios 9 y 10).

  1. Transparencia y participación de los ciudadanos

Las negociaciones deben desarrollarse de forma abierta y transparente, todo lo que sea posible. No debe haber vuelta atrás en nuestros logros sobre transparencia, por los que tanto hemos luchado, en las negociaciones actuales. El Consejo debe publicar automáticamente todos los mandatos negociadores nuevos y previamente adoptados, y el proceso de elaboración de políticas debe basarse en un diálogo significativo con la sociedad civil, los sindicatos y la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

El CETA se negoció en secreto entre 2009 y 2014. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) recibió una copia confidencial del acuerdo en septiembre de 2014, solo unas semanas antes de su firma. La UE y Canadá solo publicaron sus mandatos de negociación en diciembre de 2015, más de un año después de que concluyesen las negociaciones. Ambas partes han ignorado en gran medida las recomendaciones hechas por la sociedad civil y los sindicatos de trabajadores, asimismo han rechazado una participación pública real. Algunos comentaristas definen el CETA como uno de los acuerdos comerciales menos transparentes que ha firmado la UE en los últimos años.

  1. Que nadie se quede atrás

Las personas desfavorecidas por la apertura comercial deben ser recompensadas apropiadamente. Esto incluye ayudar a los trabajadores a adaptarse al cambio y mejorar el apoyo a aquellos que pierdan sus empleos como resultado de la competencia extranjera que resulta de la globalización, enfocándose particularmente en el sector manufacturero. La Comisión Europea debe facilitar evaluaciones de impacto más completas, evaluar y actualizar herramientas políticas como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) o considerar la creación de un sistema similar al “US Trade Adjustment Assistance” (ayuda estadounidense a los ajustes comerciales).

De momento ni la Comisión ni los Gobiernos nacionales han sido capaces de anticipar o establecer medidas que ayuden a aquellas personas que es probable pierdan su empleo debido al CETA, a pesar de que la Comisión reconoce que es fácil que debido al acuerdo comercial haya “cambios de trabajo” y “redistribución de los trabajadores”.

Cuanto más débil es tu posición dentro de la economía, con mayor fuerza sentirás sus repercusiones.”

Servaas Storm sobre el impacto del CETA, economista, Universidad Técnica de Delft

  1. Las PYMES son actores claves

Las PYMES (pequeñas y medianas empresas) son el sustento de la economía europea y deben beneficiarse también de los acuerdos comerciales. Debe incluirse un capítulo en cada acuerdo sobre cómo reducir los costes comerciales mundiales para las pequeñas empresas de cara a integrar a las PYMES en el mercado mundial.

El CETA no incluye disposiciones para las pequeñas y medianas empresas. Solo el 3% de los 20 millones de PYMES de la UE exportan fuera de la UE. La mayoría se benefician del acceso al mercado interno de la UE por lo que una mayor competencia por parte de las poderosas multinacionales puede poner en peligro a las PYMES y al empleo que generan (el 67% del empleo total de la UE).

La evaluación de impacto sobre la sostenibilidad que realizó la Comisión no tuvo en consideración los efectos del CETA sobre las PYMES europeas. Algunas organizaciones de PYMES advierten que el CETA amenaza con socavar otras políticas de la UE diseñadas para beneficiar a las PYMES.” En varios países de la UE las plataformas de las PYMES han solicitado que se rechace el acuerdo.

Intentar aumentar las exportaciones como medida para suplir la demanda interior no es una estrategia de crecimiento sostenible ni para la UE ni para Canadá. Bajo las actuales condiciones de austeridad, un alto desempleo y un bajo crecimiento, mejorar la competitividad bajando los costes laborales solo perjudica a la economía.”

Pierre Kohler y Servaas Storm, economistas, Universidad Tufts

  1. El multilateralismo es la primera y mejor opción

Cuando sea posible, la Unión Europea debe presionar por soluciones multilaterales en el contexto de la OMC (Organización Mundial de Comercio). Los esfuerzos para concluir la Agenda de Desarrollo de Doha deben continuar en paralelo para garantizar que los países en desarrollo siguen desempeñando un papel en el comercio internacional. Los Acuerdos de Libre Comercio (ALC) no deben ser una amenaza al sistema multilateral de comercio en lugar de un trampolín hacia acuerdos comerciales multilaterales.

El CETA no es un buen paso hacia acuerdos comerciales progresistas y multilaterales. No fomenta el comercio sostenible y por tanto no puede ser el modelo a seguir por aquellos países que busquen reducir la pobreza y las consecuencias medioambientales. CETA, al igual que otros acuerdos que negocia la UE o que ya ha firmado, promociona un comercio y unas prácticas de producción que son perjudiciales para el medio ambiente además de fomentar la explotación laboral; por ejemplo la ganadería industrial. Si se ratifica el CETA, se prevé un aumento significativo de las exportaciones canadiense de ternera criada de forma industrial en detrimento de la producción europea que es menos intensiva.

  1. Que los Gobiernos legislen libremente por el interés público

No deben debilitarse las leyes nacionales ni el derecho de los Gobiernos a regular. Gracias a la presión de nuestro Grupo, la Comisión Europea ha abandonado el mecanismo de resolución de litigios entre el inversor y el Estado y lo ha retirado del AECG (Acuerdo Económico y Comercial Global).

El sistema de protección de inversiones del CETA conlleva los mismos peligros que el ISDS. Al igual que este, no cumple los requisitos del Parlamento Europeo para un sistema de protección de inversión aceptable. A pesar de que en teoría los Gobiernos tienen el derecho a regular, por ejemplo tomando decisiones para proteger la salud pública o el medioambiente, se puede denunciar a los Gobiernos ante los tribunales de arbitraje de inversión especiales si ejercen este derecho. Además, el marco del CETA para la cooperación en materia reguladora afectará a nivel legislativo y disminuirá el derecho de los Gobiernos a regular en beneficio del interés público.

  1. La protección de los servicios públicos

Las autoridades europeas, nacionales y locales deben retener el pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o revocar medidas relacionadas con el comisionado, la organización, la financiación y la provisión de servicios públicos.

Todos los servicios públicos tendrán que competir con las empresas privadas y enfrentarse a los desafíos que esto puede suponer salvo que queden explícitamente exentos de las disposiciones de servicios públicos de CETA (este enfoque que se conoce como “enfoque de la lista negativa” también recibe el nombre de “inclúyelo o piérdelo”). No obstante, los servicios que queden exentos de las disposiciones de CETA sobre servicios públicos no quedan exentos de las disposiciones de CETA sobre protección a los inversores. Esto significa que los inversores pueden demandar a una autoridad europea, nacional o local por las decisiones que tomen con respecto a los servicios públicos (por ejemplo agua, sanidad, pensiones o educación) a pesar de que se encuentren en el listado de exenciones.

  1. Los derechos humanos y sociales en el centro de la política comercial

La política comercial debe reforzar las iniciativas de responsabilidad social corporativa y obligar a las empresas a asumir responsabilidad en todas las etapas de la cadena de suministro. Debe superar el enfoque voluntario y adoptar uno de diligencia obligatoria debida, tal y como han hecho los eurodiputados y eurodiputadas del S&D al introducir con éxito la propuesta de los minerales procedentes de zonas de conflicto.

El capítulo del CETA sobre desarrollo sostenible solo contiene medidas idealistas, no incluye compromisos vinculantes; es decir, se limita a “fomentar” y “promover” las buenas prácticas. Sin unos objetivos u obligaciones claras, el desarrollo sostenible no tiene relevancia práctica o legal en la ejecución del acuerdo. De hecho, el CETA introduce nuevas formas, por ejemplo mediante los tribunales de arbitración de inversión, en que las empresas poderosas pueden desafiar los altos niveles de protección pública en materia de medio ambiente, sanidad y empleo.

  1. Los estándares de la Unión Europea deben preservarse

Debe quedar claro que los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea no llevarán a ninguna reducción de los estándares medioambientales, de salud y seguridad, y que se preservará el principio de precaución.

Canadá no reconoce el “principio de precaución” tal y como lo establecen las leyes de la UE. Por tanto, ambas partes han acordado una versión debilitada en el que las medidas de precaución solo se adoptarán si son “rentables”. Esto prioriza los intereses privados de las empresas por encima de los intereses públicos relacionados con la protección medioambiental y los estándares laborales.

Por el contrario, el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) exige que la UE tome medidas cuando un científico y una evaluación objetiva identifican que un fenómeno, producto o proceso pueden tener efectos peligrosos, incluso si dicha evaluación no ofrece garantías suficientes sobre la existencia de riesgo. En otras palabras, cuando es necesario adoptar medidas de precaución, la protección del medio ambiente y de la salud debe prevalecer por encima de las consideraciones económicas.

se debe rechazar el CETA, el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá. Es un acuerdo que pertenece a otra era. […] El control legal que se propone es claramente inadecuado, especialmente lo referente a las cuestiones claves sobre la remuneración de los árbitros que pueden generar todo tipo de abusos. En el mismo momento en que el imperialismo legal americano gana fuerza e impone sus reglas y cuotas sobre nuestras empresas, esta disminución de la justicia pública es una aberración. La prioridad debe estar en crear autoridades públicas fuertes, crear el papel de fiscal, incluyendo un fiscal europeo con capacidad para hacer respetar sus decisiones.”

Thomas Piketty, economista, École des hautes études en sciences sociales

Contacto: oficina de prensa de Greenpeace EU: +32 (0)2 274 1911, pressdesk.eu@greenpeace.org

Este documento también está disponible en: www.greenpeace.eu

Para obtener las últimas noticias y comentarios sobre la UE: www.twitter.com/GreenpeaceEU

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