¿En qué nos beneficia el nuevo decreto andaluz de venta directa?

venta-directaMás de 183.000 explotaciones andaluzas, y 8.000 productores ecológicos, podrían beneficiarse de este decreto que permite a las pequeñas explotaciones vender directamente al consumidor final.

Es una historia común en producción ecológica: alguien que quiere tener una producción pequeña, diversificada y artesanal, vendiendo directamente al público o a grupos de consumo, y que termina viéndose ahogado por una burocracia que le exige para cada uno de sus productos las mismas licencias que si tuviera una gran industria, por lo que tiene que especializarse en un producto o abandonar. El nuevo decreto de la Junta de Andalucía podría poner fin a esta situación, beneficiando a los pequeños productores.

Esta legislación sigue exigiendo que se mantengan los estándares de calidad y seguridad, aportando un marco legal que asegura su regulación y seguimiento. Sin embargo, facilita la venta de pequeñas cantidades de 22 categorías de productos cultivados y recolectados (sin transformar). La compraventa podrá hacerse en la propia explotación, en mercados o directamente a minoristas y restaurantes.

Este decreto mejora la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones, que tienen una gran importancia ambiental y para el mantenimiento de variedades y razas autóctonas. También permite a los consumidores acceder a productos frescos y de calidad, así como a productos de variedades y razas autóctonas que normalmente no llegan a las grandes superficies. La venta directa favorece la creación de relaciones de confianza entre personas productoras y consumidoras, y posibilita llegar más fácilmente a un precio justo para ambas partes.

El favorecer a las pequeñas explotaciones fomenta también la fijación de población al territorio, y descentraliza el poder sobre la toma de decisiones referentes a la alimentación (no es el hipermercado quien decide qué se vende y qué no, sino muchos pequeños nodos distribuidos).

Esta experiencia andaluza nos permitirá sin duda ver los pros y contras del modelo que ya funciona en otros países, y realizar los ajustes necesarios para irlo extendiendo por el resto de Comunidades Autónomas.

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