Aplicación de agroquímicos en la mira: no siempre se respeta la “franja verde” – Argentina

En Argentina se aplican anualmente más de 250 millones de litros de glifosato
En Argentina se aplican anualmente más de 250 millones de litros de glifosato

Se registraron algunas denuncias meses pasados y en dos casos se impuso una multa. El camino al Balneario, Cerrito Colorado Sur y algunas localidades del partido son las zonas más afectadas. Qué dice la normativa vigente. Debate entre dos posturas: pragmática y precautoria.La destacada periodista, investigadora y cineasta francesa Marie Monique Robin, autora del documental “El mundo según Monsanto” (2008), estuvo hace un mes en Junín dando una conferencia y, en ese mismo periplo, llegó hasta Baigorrita para tomar el testimonio de una ciudadana de la vecina localidad, cuya hija nació con una malformación congénita posiblemente causada por la exposición a agroquímicos.
El tema vuelve a poner de relieve el debate en torno al uso de ciertos productos fitosanitarios para la producción agraria.
En diálogo con Democracia, María Liz Robledo explica que su hija Martina nació con una malformación que se llama atresia de esófago con fistula traqueoesofágica. “Eso significa que el esófago está cerrado en una parte y no tiene comunicación”, resume.
Se trata de una dolencia potencialmente mortal por lo que necesita un tratamiento de inmediato, ya que el paciente corre riesgo de broncoaspirarse con saliva y líquidos provenientes del estómago, lo que podría causar asfixia y neumonía.
La única posibilidad de sobrevida para Martina fue una operación, que se llevó a cabo siendo ella una recién nacida. Y si bien la intervención fue exitosa, debe tomar prevenciones de cuidado permanentemente. De hecho, ahora está con un tratamiento preventivo de las vías respiratorias y hace dos meses que no puede ir al jardín, por recomendación del neumonólogo.
El asunto es que un año después nació otro bebé en Baigorrita con el mismo diagnóstico, lo que llamó poderosamente la atención dado que es una malformación muy poco frecuente, y se habían dado en dos casos en una localidad tan pequeña y en menos de dos años.
Ambos casos tienen una característica en común, como señala Robledo: “Al lado de mi casa tenía un depósito de bidones de agroquímicos apoyados contra la medianera y una fumigadora que estacionaba allí, y en la otra casa sucedía algo similar, porque en el lote de al lado, sin medianera de por medio, lavaban las fumigadores”.
De ahí surgieron las sospechas sobre la posible incidencia de la exposición a los agroquímicos con las malformaciones.
María Liz se puso en contacto con el Foro Ambiental de Los Toldos y trabajaron para que se aprobara una ordenanza que previera una franja verde, lo que sucedió en diciembre último.
Según dice, a raíz de su posición activista “mucha gente en el pueblo se puso en contra” de ella y dejó de saludarla.

En la ciudad
En Junín también hay una ordenanza que establece una “franja verde” y detalla los tipos de agroquímicos que se pueden utilizar, quiénes son los que los pueden aplicar y especifica un espacio protegido de 500 metros de las zonas urbanas.
Sin embargo, esta ordenanza no siempre se cumple. De hecho, desde el titular de Subsecretaría de Producción del municipio, Daniel Coria, confirmó que hubo algunas denuncias que se hicieron en el último tiempo por este tipo de prácticas. En dos casos, se impusieron multas a los infractores.
Si bien no trascendió el monto que deberán pagar las personas que transgredieron esta normativa, la legislación se establece montos de hasta 30 mil pesos.
“Desde el municipio se sigue gestionando para que se respeten las buenas prácticas agrícolas y uso responsable de los fitosanitarios, priorizando la protección de los ciudadanos y su entorno”, señala a Democracia el ingeniero Matías Senigagliesi, de la misma subsecretaría.
En tanto, Coria agrega que  en el último tiempo desde el municipio se está trabajando en la concientización sobre este tema: “Estamos haciendo charlas y queremos concientizar de que se van a seguir cobrando multas”. Estas charlas se van a dar, principalmente, en las localidades del distrito.
En cuanto a las zonas donde hay más peligro, este medio pudo constatar que se plantearon denuncias en la zona del Camino al Parque Natural Laguna de Gómez, en los barrios San Carlos y Real, así como en los alrededores del barrio privado San Ignacio –en Cerrito Colorado Sur– y en localidades del partido, como Fortín Tiburcio.
En tanto, uno de los puntos que plantea la Ordenanza 6425 es que los aplicadores deben estar inscriptos en un registro en la Municipalidad. Ante esto, fuentes comunales advierten que los productores que no respetan la franja verde, ante la imposibilidad de conseguir aplicadores que infrinjan la normativa, muchas veces contratan fumigadores de otras ciudades, como Lincoln, por ejemplo.

Normativa y competencias
El aspecto legal de la aplicación de agroquímicos tampoco está exento de controversias.
El abogado Marcos Villalba, especialista en derecho ambiental, explica que “nuestro país aún no sancionó una ley nacional que contenga los lineamientos básicos para todo el territorio, a pesar de la utilización generalizada de estos productos en el tratamiento de plagas y malezas y en la fertilización de suelos”.
Es por ello que cada provincia legisló su propia ley, sin un criterio unificador. “En el caso de Buenos Aires –continúa Villalba– rige la ley 10699, que gira en torno a una receta llamada ‘agronómica’ que, avalada por un profesional, garantiza la licitud de la compra o de cualquier otro sistema de acceso al agroquímico, pero que no logra garantizar la licitud del uso de éstos ya que nadie sigue el modo en que el productor hace las aplicaciones”.
Con todo, en cuanto a las aeroaplicaciones de estos productos, el decreto reglamentario 499/2001 de la ley, en su artículo 38 “prohíbe expresamente operar a distancias menores a 2 kilómetros de centros poblados, no pudiendo sobrevolarlos aún después de haber agotado su carga”.
Villalba, profesor titular de la cátedra de Derechos de Incidencia Colectiva y adjunto de la cátedra de Derecho Agrario y Ambiental de la Unnoba, señala que se hace difícil normativizar esta práctica cuando las competencias están tan repartidas: “La competencia para regular la producción, la venta y el uso de los productos fitosanitarios es nacional y con ello la aprobación o prohibición de productos con dicho alcance territorial, y también es competencia de la Nación el registrar los productos aprobados, así como también fiscalizar el mercado de productos. Mientras tanto la regulación del uso de estos productos, la protección de los ambientes donde se utilizan y el control general del cumplimiento de la normativa vigente, incluida la nacional, queda a cargo de cada provincia. Y si bien la Provincia fija el límite del territorio municipal, quien fija su zona urbana sólo es el propio municipio. De allí la potestad municipal para regular las líneas agronómicas que delimitan la denominada ‘zona buffer’ o de amortiguamiento, con natural al poder de policía municipal para legislar acerca de lo urbanístico, ordenamiento territorial, sanitario, ambiental y salud pública”.

Pragmáticos y precautorios
Las diferentes miradas sobre las controversias en torno a los agroquímicos se agrupan en dos conjuntos de argumentos o posiciones.
Una es la denominada “pragmática”, comúnmente esgrimida por algunas corporaciones, asociaciones privadas y organismos públicos, que sostienen que si los agroquímicos son utilizados de manera correcta, los riesgos para la salud humana y el ambiente no existen o son muy bajos.
La otra es una postura “precautoria”, expresada por diferentes expertos y organizaciones sociales, para quienes existen suficientes evidencias de que los agroquímicos utilizados en las fumigaciones representan un riesgo para la salud humana y el ambiente.
Villalba indica que en la posición pragmática, “el argumento principal es que si son utilizados adecuadamente, no deberían causar daños sobre la salud de las personas ni el ambiente”, y esto significa “que se pone el acento en una cuestión técnica y una práctica ideal”. La responsabilidad por cualquier daño posible quedaría entonces en manos de las personas y empresas que realizan las aplicaciones de los agroquímicos, no en los productores, ni en las empresas que fabrican y venden los agroquímicos.
Para la postura precautoria, “los agroquímicos representan un riesgo comprobado para la salud humana” y sus argumentos se basan “en sus propios estudios de laboratorio y su experiencia con pacientes”.
“Esta última posición –completa Villalba– sostiene que las enfermedades que producen los venenos agroquímicos  van a pesar sobre una ecuación económica del país cuando haya que atender la dañada salud de los afectados, que seguramente recaerán sobre el ya debilitado sector público. Sus argumentos se basan en sus propios estudios de laboratorio y su experiencia con pacientes. Los actores de esta posición no solo intentan producir conocimiento que cumpla los estándares académicos, sino que también tienen como objetivo motivaciones sociales y políticas”.
En referencia a la incidencia de estos productos en la salud, Marcela Torreblanca, profesora de biología e integrante del Foro Ambientalista de Junín, sostiene que “hay muchas investigaciones que relacionan las malformaciones con el uso de agroquímicos, y ya hay registros en ciudades cercanas, como en Los Toldos y Rojas”.

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